Michelle Bachelet y Venezuela

José Antonio Viera-Gallo

Como afirmaba Maquiavelo, los efectos de las acciones políticas a veces se vuelven en contra de quienes las realizan. Algo así sucede con quienes emplazan constantemente a Michelle Bachelet para que visite Venezuela: al hacerlo no hacen más que resaltar su importancia política y moral. Otros de buena fe piensan que una presencia suya en Venezuela podría tener un efecto inesperado.

Olvidan que por su cargo, Bachelet forma parte de una organización compleja como la ONU, que en los últimos años ha ido perfeccionando su forma de vigilar el cumplimiento de los derechos humanos por los países miembros.

La crisis en Venezuela se ha convertido en prioridad para el sistema ONU: el secretario general, Bachelet en su calidad de Alta Comisionada para los Derechos Humanos, así como para ACNUR, el Programa de Alimentos, etc. debido a la situación humanitaria, las violaciones a los de derechos humanos y la migración masiva. La acción de la ONU debe ser neutral, imparcial e independiente. El secretario general ha indicado que la organización no será parte de ningún grupo (Grupo de Lima o Grupo de Contacto) para mantener su credibilidad. Por otra parte, el reconocimiento de un gobernante es competencia de los Estados.

Michelle Bachelet ha estado pendiente de la situación en Venezuela desde que asumió el cargo, reuniéndose con representantes de ambos lados en numerosas ocasiones. Además, ha hablado públicamente en varias oportunidades. También es cierto que Venezuela copa todos los titulares, relegando a un segundo plano crisis graves de derechos humanos en otros países, como Nicaragua, Guatemala, Honduras o Siria, Yemen, Arabia Saudita, Filipinas, Myanmar, etc., todos casos que también están bajo monitoreo constante por parte de la oficina de la Alta Comisionada.

En septiembre 2018, el Consejo de Derechos Humanos aprobó una resolución que “insta al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela a cooperar” con la Oficina del Alto Comisionado y los mecanismos del Consejo de Derechos Humanos, y solicita a la Alta Comisionada que prepare un “informe exhaustivo” por escrito sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, que será sometido al Consejo en junio de este año, y que presenta oralmente al Consejo en marzo próximo una información actualizada sobre la materia. El lunes de la semana pasada, Bachelet tuvo una sesión informal con el Consejo y representantes de la sociedad civil, donde recalcó la preocupación por Venezuela.

El monitoreo de los derechos humanos en Venezuela se hace de manera remota, en contacto con diversos actores de la sociedad y con apoyo de otras agencias de la ONU que están presentes en ese país.

Bachelet ha pedido acceso pleno al país (cárceles, hospitales, etc.) y ha señalado que su oficina, con o sin acceso, está monitoreando la situación y debe hacer un informe al respecto. La invitación de Maduro a visitar Venezuela fue posterior. Como se hace siempre, se respondió que primero debe ir una misión preparatoria para definir el programa. Para abordar el tema, se haría una reunión en Ginebra. El gobierno venezolano parece interesado en ganar tiempo. Los emplazamientos debieran dirigirse, entonces, a Maduro y no a Bachelet.

Cabe recordar que durante su gobierno Chile ingresó al Grupo de Lima y dio amparo en nuestra embajada a varios líderes perseguidos. Quienes cuestionan el papel de M. Bachelet en Venezuela, guiados por sus propios intereses políticos, le hacen un flaco favor a la causa de la democracia. Cada cual tiene su rol en la búsqueda de un camino capaz de superar la grave crisis que vive ese país.